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  • FRAVM propone una tasa turística y la moratoria de licencias hoteleras en Centro

    13 octubre 2017 escrito por  

    Los vecinos de Justicia, Universidad, Las Letras, los Austrias o las Cortes se enfrentan desde hace un tiempo a un problema común: el crecimiento descontrolado de las viviendas turísticas y la turistificación del Centro. Una situación de la que llevan alertando desde hace meses las asociaciones de vecinos, que ven cómo el Centro corre riesgo de convertirse en un gran parque temático dedicado al turismo.

    Para ponerle freno, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) ha elaborado un completo documento en el que propone una batería de propuestas que según su opinión contribuirían a minimizar su impacto negativo y a regular los alojamientos turísticos.

    Un texto que ha sido enviado a todos los grupos políticos con representación en la Asamblea de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid, así como a los directores generales de Turismo de ambas instituciones, y que incluye sugerencias que afectan a los ámbitos central, autonómico y municipal.

    Una ellas es la implantación de una tasa turística regional como la que ya funciona en Cataluña y Baleares, por la que cada turista mayor de 16 años pagaría entre 0,5-2 euros por persona y noche (1 euro para viviendas turísticas), con un límite de siete días y un descuento del 50% en temporada baja.

    Con esta tasa de carácter finalista se podría recuperar el patrimonio natural, histórico, artístico y cultural. Además, FRAVM propone aplicar un recargo en el distrito Centro, el más afectado por la turistificación.

    Una reforma del Decreto 79/2014

    Tampoco convence a la plataforma vecinal el Decreto 79/2014 que regula los apartamentos y las viviendas de uso turístico, y que en estos momentos está en proceso de revisión, con unos cambios propuestos por el Gobierno regional que, a su juicio, no apuntan en una dirección muy alentadora.

    «Parece apostar por una mayor regulación la actividad pero, en la práctica, con las modificaciones previstas será más fácil instalarse», sostiene Vicente Pérez Quintana, responsable de Urbanismo y Vivienda de la FRAVM y autor del informe.

    La FRAVM propone un refuerzo de «los servicios de vigilancia e inspección dependientes de la Comunidad de Madrid», la firma de «convenios de colaboración con los ayuntamientos (especialmente con el de Madrid) para incorporar los propios servicios municipales de inspección y de disciplina urbanística» y la «aplicación del régimen sancionador».

    Respecto a las exigencias sobre las viviendas de uso turístico, la plataforma vecinal plantea la obligación de comunicar a la comunidad de propietarios la apertura de una vivienda turística, la aplicación de normas exigibles a establecimientos análogos en materia de salud e higiene alimentaria, así como otros requisitos como alumbrado de emergencia, extintores, seguro de responsabilidad civil y de colectividades o una placa distintiva con el número de registro del alojamiento turístico.

    Por otro parte, creen que las viviendas no residenciales que se alquilan por habitaciones no deberían considerarse como viviendas turísticas porque son, en realidad, pensiones y se les debería aplicar la normativa correspondiente.

    El equipo de Cristina Cifuentes ha propuesto que las comunidades de propietarios tengan la facultad de prohibir la apertura de una vivienda de uso turístico en sus inmuebles, algo que ya se puede hacer en virtud de la Ley 49, 160 de Propiedad Horizontal (LPH), siempre que se modifiquen los estatutos que rigen la comunidad.

    «El problema es que esa facultad choca con la regla de la unanimidad exigible para cualquier cambio estatutario: es evidente que los propietarios que tengan pisos turísticos votarán siempre contra un cambio en los estatutos de la comunidad que dificulte su negocio», explican desde la FRAVM.

    Por otro lado, la LPH en su artículo 7.2 otorga a las comunidades la facultad de requerir al dueño de un piso o local el cese de actividades dañosas para la finca. Si el propietario se niega, la comunidad puede acudir a los tribunales, «un camino que, cuando se inicia, a menudo se convierte en un auténtico vía crucis de consecuencias nada claras», lamentan.

    Por todo ello, la FRAVM propone una serie de cambios en la LPH y otras medidas destinadas a empoderar a las comunidades de propietarios y facilitar su actuación, «teniendo en cuenta el interés de las personas inquilinas». Cambios como la obligación de los dueños de los pisos turísticos de comunicar las medidas que van a adoptar para evitar molestias al vecindario o el derecho de las comunidades de requerir el fin de la actividad en el caso de que se incumplan.

    Por otro lado, si las viviendas turísticas hacen un uso mayor de los servicios comunes (ascensores, portería, etc.), sus propietarios deberán contribuir con cuotas superiores; además, éstos deberán sufragar íntegramente las inversiones que deban realizar en los edificios para adaptarlos a la actividad de los alojamientos turísticos.

    La FRAVM sugiere también que los inquilinos puedan dirigirse a las comunidades o a sus propietarios para solicitar su intervención y protección cuando sus derechos y bienestar se vean lesionados por el funcionamiento de las viviendas turísticas.

    En el ámbito estatal, insisten en la necesidad de que la Agencia Tributaria «despliegue los medios precisos para perseguir el fraude, tanto en IVA como en IRPF».

    La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU)

    La FRAVM considera que otra de las normas esenciales para abordar el fenómeno, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que «debería definir de forma más precisa qué se entiende por vivienda turística, recogiendo la variada casuística».

    A su juicio tendría que «establecer la capacidad de los ayuntamientos para ordenar la suspensión del crecimiento o incluso el decrecimiento del volumen de pisos turísticos y, en su caso, de alojamientos hoteleros […] cuando el avance de aquellos haga disminuir de manera significativa el parque de viviendas destinadas a residencia habitual o cuando dicho avance genere procesos de turistificación de ámbitos residenciales consolidados».

    Moratoria en las licencias turísticas

    Otra de las medidas que la federación propone al Ayuntamiento de Madrid es una «moratoria en la concesión de nuevas licencias de apertura de plazas hoteleras» en el distrito Centro, que se deberían aplicar «a la par que se regularizan las viviendas turísticas que en la actualidad son alegales o ilegales» procediendo incluso al cierre.

    También pone sobre la mesa la necesidad de adoptar medidas urgentes sobre el ocio nocturno: un control real de las actividades ilegales y que generan malestar entre empresarios y vecinos (lateros, locales ilegales, terrazas sin permiso…), una moratoria de la declaración responsable o una intervención policial más eficaz, entre otras.

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